Cerca del 10 por ciento de los hogares que están enganchados de la luz en Rosario puede pagar por el servicio. Se trata de familias en buena situación económica que, sin embargo, eligen gambetear a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) hasta que son detectados en el marco de los controles por fraude y deben enfrentar demandas penales.
Los datos fueron aportados por la EPE y en cifras crudas reflejan que en esta ciudad hay cerca de 80 mil hogares enganchados y 6 mil de ellos son familias que tienen capacidad económica para pagar el servicio.
A nivel provincial, el total de los enganchados es de 130 mil, 10 mil de los cuales tienen capacidad de pago, el resto son familias con escasos recursos económicos en situación de exclusión social.
A los evasores de buena capacidad económica se los denuncia penalmente. Para los llamados "casos sociales" hay otro tipo de soluciones que, aunque bien estructuradas, no son fáciles de llevar a la práctica porque requieren de una urbanización mínima.
Inclusión. Según se destacó desde la EPE, enfrentar a las conexiones clandestinas de quienes no pueden pagar la luz requiere de políticas cuyas premisas sean la inclusión dentro del régimen formal. En la práctica, esto se lleva a cabo con dos tipos de tarifas: sociales y para indigentes. En ambos casos, la implementación está condicionada a la factibilidad de un tendido eléctrico formal y seguro que incluya un pilar para bajar los cables y colocar un contador.
"Esto trae como beneficio un suministro seguro desde el punto de vista eléctrico y una identificación de quien habita el lugar, con lo que se consigue un sentido de arraigo", aseguraron desde la empresa. Las tarifas sociales tienen un costo de 33 pesos y 400 kilovatios disponibles, mientras que para los indigentes hay tarifa plana por 27 pesos, en ambos casos los pagos son mensuales.
"Ya existen unos 51 mil clientes con tarifas sociales, mientras que 2.500 pagan como indigentes", confirmó la EPE y aseguró que el objetivo de estas medidas es "participar en forma activa en la normalización y salida de la informalidad de todos aquellos que, por razones mínimas de habitabilidad, deben consumir energía eléctrica".
Un 60 por ciento de las tarifas sociales del territorio provincial corresponde a Rosario, y el resto a la ciudad de Santa Fe.
Para la EPE, las cifras de enganchados hay que analizarlas en relación al millón cien mil clientes que forma el universo de prestaciones. En ese marco, las irregularidades representan un 12 por ciento.
Soluciones. Las tarifas sociales y para indigentes están al alcance de quienes viven en asentamientos informales siempre y cuando existan mínimas condiciones de urbanización que garanticen a la EPE poder realizar un cableado seguro. Llevarlo a la práctica requiere algo más que la acción de la empresa proveedora del servicio. En este punto confluyen los proyectos municipales para modificar las estructuras geográficas y habitacionales de los asentamientos.
"A pesar de que parezca que estas tarifas no están muy difundidas, todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan en los barrios periféricos las conocen y realizan gestiones para implementarlas", explicaron los portavoces de la EPE a LaCapital.
Para la empresa proveedora del servicio eléctrico en la provincia, es necesario dejar en claro que no se puede pasar a la categoría de clientes en el marco de la informalidad, porque más allá de las cuestiones legales, técnicamente se plantean situaciones riesgosas. ¿Cómo llegar hasta una vivienda con cables seguros en medio de marañas de conexiones que no resisten formalmente el paso de la energía? La pregunta es justamente el cuello de botella para hacer frente a una situación que articula la exclusión social con las condiciones mínimas de habitabilidad como la provisión de energía domiciliaria.
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